El pasado 13 de Mayo,  el Gobierno español aprobaba en Consejo de Ministros el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que incorpora al ordenamiento jurídico varias directivas europeas para la regulación del sector, según informaba el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un comunicado.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aseguraba que las modificaciones de las normativas comunitarias incorporadas mejorarán la protección de las personas usuarias, reforzarán el papel de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y proporcionarán más seguridad y flexibilidad a los operadores.

Este proyecto de ley contempla, por ejemplo, que los consumidores puedan cambiar de operador de telefonía móvil, lo que se conoce como ”portabilidad”, en el plazo de un día laborable. E  incluye iniciativas de protección de los derechos de las personas usuarias, así como de protección de datos y de información de actividad de los “cookies” (marcadores electrónicos que registran las páginas web visitadas).

Las empresas de telecomunicaciones dispondrán de un marco “incentivador de las inversiones”, según Industria, y más adecuado para el despliegue de redes de nueva generación que ofrecerán acceso a internet con velocidades superiores a 100 megabits por segundo (Mbps). El proyecto incluye en la gestión del espectro radioeléctrico los principios de eficiencia y de neutralidad tecnológica y establece el mecanismo de licitación como obligatorio para la designación del operador encargado de la prestación del servicio universal.

En cuanto a los organismos reguladores, el Ministerio destacó que la CMT podrá establecer requisitos de calidad del servicio prestado por los operadores para evitar la “degradación” de éste y para impedir la “obstaculización o ralentización” del tráfico en las redes. Asimismo, contempla que, en casos de fallo persistente de la competencia, la CMT podrá obligar al operador dominante a realizar una separación funcional entre su red y sus servicios minoristas. También tendrá autoridad para establecer el uso compartido de tramos finales de redes de telecomunicaciones -los que llegan hasta los usuarios- si la existencia de infraestructuras duplicadas resulta particularmente “ineficiente” o inviable desde el punto de vista económico y financiero.

Este proyecto de ley incorpora los principios de las directivas comunitarias de Mejor Regulación y de Derechos de los Ciudadanos, así como el Reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).

Industria destacaba en su comunicado, que el sector de la telecomunicaciones facturó 37.125 millones de euros en 2009 y que da empleo directo a 80.000 trabajadores. El propio ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguraba el pasado mes de diciembre que esta ley iba a tener un “fuerte contenido económico de futuro” y que incidiría especialmente en los derechos de las personas usuarias.